Consenso en el Congreso para no criminalizar las protestas sociales

Tres de las siete iniciativas con estatus parlamentario prevén la libertad de procesados y condenados en el marco de actos públicos desde la década del 90 hasta el presente. Son propuestas del FPV y parte de la oposición.

La regulación de la protesta social, que comenzó a debatirse en la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados con un consenso general para no criminalizar los reclamos, tuvo una derivación inesperada, que se traduce en la posible aplicación de una amnistía a presos y procesados que participaron en las luchas sociales desde los años ’90 a la actualidad. Ocurrió que en el articulado de varios de los siete proyectos con los que se pretende reglamentar las manifestaciones públicas se prevé la anulación de todos los procesos judiciales existentes. En tal sentido, la presidenta de la comisión, la kirchnerista Diana Conti, aseguró que se trabajará para conseguir el máximo consenso posible entre las bancadas, algo que no debería superar los 30 días.

La reunión de Asuntos Constitucionales pretendió deliberar alrededor de las iniciativas que existen para regular las movilizaciones. Los hay para todos los colores y paladares. El PRO, por caso, presentó dos. El Frente para la Victoria (FPV), tres. Ramona Pucheta (Frente por la Inclusión Social) puso a consideración uno de su autoría. Y hay otro de Darío Giustozzi (Frente Renovador). A todos estos se sumó el que presentaron los diputados Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) y Virginia Linares (GEN), que prohíbe la criminalización de la protesta.

El de del Caño y Linares tiene, como punto en común, con los proyectos de Araceli Ferreyra (FPV) y el presentado por Conti y Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino), la amnistía de los procesados y condenados por movilizaciones sociales.

AMPLÍAN EL DEBATE. Tal coincidencia le dio a la comisión la posibilidad de hacer realidad a un histórico reclamo de las organizaciones sociales y políticas afectadas por la actitud de la justicia. Pero como ese ítem excede a la competencia de Asuntos Constituciones, Conti advirtió la necesidad de sumar al tratamiento a Legislación Penal, y trabajar en conjunto. “Nosotros queremos la libertad de todos los luchadores sociales”, indicó.

Si bien el consenso por la amnistía puede considerarse como una buena noticia, lo cierto es que la iniciativa tiene posibilidades de ser aprobada sólo por Diputados. Nadie en el Senado se arriesgó ayer a afirmar que sucederá algos similar en esta última cámara. Todo esto, por el momento, es pura futurología.

CHISPAZOS. La regulación de las manifestaciones nunca dejó de ser el tema central del encuentro de ayer de los diputados. A pesar de las diferencias de visión de los proyectos en danza, siempre sobrevoló un espíritu conciliador en la cita.

Ello no evitó, de todos modos, algún chispazo. Aunque con un toque de humor. Sucedió cuando el diputado Juan Manuel Pedrini (FPV) explicaba su proyecto. Sostuvo que si bien su propuesta define a las manifestaciones como legítimas e ilegítimas, “la calificación quedará a criterio de la ley y no de un funcionario”.

Además, dijo que los peticionantes no deberán pedir una autorización para manifestarse, sino una simple comunicación. Y señaló que no prevé sanciones administrativas y mucho menos penales pero sí una “mediación civil”.

La reunión finalizó con diputados de diferentes bloques coincidiendo en la necesidad de no criminalizar la protesta, corte parcial del tránsito y la creación de la figura del mediador.

 

Elisa Carrió (Coalición Cívica) lo interrumpió para hacerle recomendaciones porque, dijo, “lo conozco desde chico”. Conti la cortó en seco. Le dijo que la mejor forma de colaborar es escribiendo un proyecto. “Ya hizo su show, se puede retirar”, recalcó. Pocos minutos después, Carrió se levantó y se fue para no volver.

El otro dato llamativo fue la existencia de dos proyectos del PRO. Federico Sturzenegger, autor de uno de ellos, no pudo escapar a su ideología liberal al arriesgar un cálculo de cuánto costaron, en tiempo y en recursos, las movilizaciones durante 2013: “Fueron $ 470 millones.” Luego afirmó que su iniciativa exige que los manifestantes siempre dejen un carril libre, prohíbe el uso de la fuerza y establece la aplicación de multas.

Pablo Tonelli, mentor del otro proyecto, rechazó una posible amnistía, prohibir el uso de pasamontañas y elementos contundentes. Porque, dijo, las manifestaciones deben ser “reuniones pacíficas, sino se pasa a lo penal”. También advirtió que deben realizarse en “veredas y plazas”.

Giustozzi dijo que su proyecto pretende “ordenar y no cercenar”. Y para ello sostuvo que es preciso darles a los manifestantes “canales de visibilidad, espacios y garantías para que las protestas se puedan hacer con el cuidado del Estado”. Sin duda una creativa pirueta discursiva para no hablar de la creación de una especie de “protestódromo” que para sacar las movilizaciones de las calles.

La reunión finalizó con diputados de diferentes bloques coincidiendo en la necesidad de no criminalizar la protesta, corte parcial del tránsito y la creación de la figura del mediador. La amnistía tuvo eco en el FPV y sus aliados; el GEN y el Frente de Izquierda. Todos volverán a encontrarse el 10 de junio cuando den su opinión dirigentes de Quebracho (Fernando Esteche, su líder, quedó detenido luego de la Corte Suprema dejara firme de tres años y ocho meses de prisión), la CTA-ATE, Amnistía Internacional y otras organizaciones sociales. «

límite a los indultos
El diputado nacional del Frente para la Victoria Horacio Pietragalla Corti presentó un proyecto de ley para impedir que se apliquen los indultos, amnistías y conmutación de penas en delitos de lesa humanidad, basándose en antecedentes de la Corte Suprema de Justicia y de organismos internacionales.

La iniciativa señala que, más allá de las excepciones explícitas que la propia Constitución establece para la facultad de indultar o conmutar penas, los tratados internacionales incorporados a la misma en 1994 y el derecho de gentes ya existente, también impiden la aplicación del indulto, la amnistía y la conmutación de penas a los autores o investigados por delitos de lesa humanidad. El proyecto se propone reglamentar esa prohibición con lo interpretado por la Corte Suprema en los fallos “Mazzeo” y “Videla”.

La promesa de Mauricio Macri
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, afirmó que si llega a la Casa Rosada la protesta con cortes en el tránsito “no va a existir más”. “Todos vamos a entender que dialogando vamos a solucionar los temas, no haciendo cortes, más allá de que los reclamos sean o no pertinentes. No es el mecanismo de convivencia que queremos para la Argentina que viene, donde tenemos que trabajar juntos para construir el país de oportunidades que todos queremos”, sostuvo.

Y, al ser consultado sobre cómo afrontaría un corte de ruta como el que ayer paralizó la neurálgica autopista General Paz, Macri prometió: “En nuestra presidencia este tipo de protesta no va a existir más.”

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