El plan del Gobierno para la pospandemia
El Ministerio de Desarrollo comenzó a diagramar un ingreso universal, o “ingreso base“, al que ve como uno de los tres ejes para enfrentar el agravamiento de la situación de los sectores más vulnerables por la crisis del coronavirus. Los otros dos: la transformación de planes sociales en programas de empleo y el acceso a los servicios básicos para 4000 villas y barrios de emergencia en el que viven 4 millones de personas.
“Hay tres puntos clave a articular: reconstruir el trabajo de los sectores más pobres, los ingresos y el acceso a los servicios básicos”, dijo el ministro Daniel Arroyo.
Minutos antes, había enfatizado esa idea en una reunión que mantuvo con ministros provinciales que integran el Consejo Federal de Desarrollo Social (CoFeDeSo).
“Hoy, además de la asistencia alimentaria, la política social de salida de esta crisis va por tres ejes: Potenciar Trabajo; asegurar un ingreso de base (el post-IFE); y garantizar el acceso a los servicios básicos en las 4 mil villas, barrios y asentamientos de la Argentina. Necesitamos que el CoFeDeSo sea el articulador de esos ejes”, dijo Arroyo en ese encuentro virtual.
En su visión, el Gobierno avanzará en esos tres ejes, en un contexto en el que, descuenta, la pobreza aumentará desde el casi 40% en el que estaba al inicio de la cuarentena. “Previo a la pandemia, había un 40% de pobreza general y un 50% de pobreza en los niños. Es evidente que ha aumentado. Había 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria (en comedores) y ahora son 11 millones. Es mucho el deterioro”, dijo Arroyo.
La idea de avanzar en un ingreso universal (Arroyo lo llama “ingreso de base“) comenzó a ganar espacio en el Gobierno cuando la inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) desbordó completamente las expectativas iniciales. Si preveían otorgar 3,6 millones de asignaciones, las 9 millones de familias que accederán a los dos bonos (por ahora) de $10.000 cada uno superaron cualquier análisis.
Eso puso sobre la mesa que existen unas 4 millones de personas no bancarizadas que estaban fuera del radar del Estado. Si la Argentina llegó con la AUH a 2,5 millones de familias con hijos de hasta 18 años, otra gran cantidad de personas sin chicos a cargo quedó relegada.
Para Arroyo, el Estado debe “generar un ingreso base, porque mucha gente se quedó sin ingresos. No solo los más pobres, sino el gasista, el plomero, el mozo. Hubo una caída muy fuerte en los ingresos de la gente”.
“Hay que trabajarlo como idea”, siguió Arroyo. “El Estado ya tiene mecanismos, como el IFE, que demanda un esfuerzo fiscal muy grande. La asistencia alimentaria es de 14.000 millones por mes, el IFE, de $90.000 millones. Pero con decisión política se puede hacer”, sostuvo.
Esa asignación, distinta y complementaria a la AUH y a la Tarjeta Alimentar (programas destinados a las familias con hijos) no soluciona el problema de inclusión. “No hay solo un problema de ingresos, como en Europa”, dijo Arroyo, en momentos en que España avanza en el pago de una renta básica universal a personas en situación de pobreza.
Por eso, Desarrollo quiere complementar ese pago básico (una especie de continuidad del IFE, aunque a un universo más acotado que el de las 9 millones que hoy cobran el bono) con el programa de empleo y de servicios básicos.
“Hay cinco sectores productivos que van a dinamizar la economía social: la construcción, la producción de alimentos, la textil, la del cuidado y el reciclado”, dijo Arroyo. Hacia allí apuntaba el Ministerio antes de la pandemia y también ahora, con el plan Potenciar Trabajo, que fusiona los planes sociales y apunta a transformarlos en empleos. “Hoy, es la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil ($8437) y quien lo contrata completa el ingreso”. Además, el Estado otorga microcréditos no bancarios para máquinas y herramientas a trabajadores de la economía popular.
El objetivo de Desarrollo es que Potenciar Trabajo llegue a 300.000 personas en los próximos meses, sobre 580.000 titulares de planes sociales que hay en la actualidad. “Está claro ha bajado la demanda laboral, pero mucho de esto empieza a reconstruirse desde abajo”, dijo Arroyo.
La tercera pata del plan es la que involucra a 4000 barrios vulnerables, en los que viven unas 4 millones de personas sin servicios públicos y en condiciones de hacinamiento. “Urbanizar no es solo un derecho, sino también un plan de empleo. Es un gran plan de urbanización”, dijo el ministro.
