En Estados Unidos afirman que los test de alcoholemia no son del todo confiables

 

Cada año se detiene a un millón de estadounidenses por manejar en estado de ebriedad. Al cabo de una batería de pruebas que pueden incluir pararse en un pie o recitar el alfabeto, los conductores soplan hacia adentro de un laboratorio científico en miniatura que estima la concentración de alcohol en sangre. Si el nivel es de 0,8 o más alto, casi seguro se los acusa de haber cometido un delito.

Pero estos tests -piedra angular del sistema de justicia penal en EE.UU.muchas veces no son confiables, según muestra una investigación de The New York Times. Los aparatos generan resultados distorsionados con frecuencia, aún cuando se los comercializa como si tuvieran precisión hasta el tercer lugar decimal.

Jueces de Massachusetts y Nueva Jersey se han desprendido de más de 30.000 tests de alcoholemia solo en los últimos 12 meses, en gran parte debido a errores humanos y supervisión negligente del gobierno. Por todo el país se han invalidado miles de otros tests en los años recientes.

Los dispositivos de medición son instrumentos científicos sensibles y en muchos casos no han sido calibrados adecuadamente, por lo cual entregan resultados en ocasiones un 40% más altos. El mantenimiento está a cargo de departamentos policiales con estándares mal hechos y falta de experiencia. En algunas ciudades los técnicos de laboratorio han utilizado soluciones químicas vencidas o caseras que alteran los resultados.

Peritos técnicos han encontrado errores de programación serios en el software de los artefactos. Algunos estados han elegido dispositivos en los cuales sus propios expertos no confiaban y han desactivado resguardos destinados a asegurar la precisión de los tests.

The New York Times entrevistó a más de cien abogados, científicos, ejecutivos y policías e inspeccionó miles de páginas de expedientes judiciales, archivos corporativos, mails y contratos confidenciales.

Las consecuencias de que el sistema legal se apoye en estas pruebas son de largo alcance. A cientos de personas no se les ha notificado que su penalización se basó en tests fallidos. Y al descubrirse las fallas, la solución ha sido descartar los resultados, dejando libres de culpa a conductores potencialmente peligrosos.

Algunos aparatos manuales tienen baterías de combustible que reaccionan al alcohol de las exhalaciones y generan una corriente eléctrica proporcional al grado de alcoholemia. Baratos y de mantenimiento sencillo, sus resultados pueden ser irregulares: la pasta dental, el enjuague bucal, las mentitas para el aliento pueden anular la medición. Los tests de estos equipos portátiles no se admiten en los tribunales de la mayoría de los estados, pero alcanzan para motivar un arresto y una nueva prueba en otro aparato en la seccional.

En la mayor parte de EE.UU. el umbral de ebriedad ilegal es de 0,08 gramos de alcohol cada 100 mililitros de sangre. La única manera de medirlo directamente es extrayendo sangre, lo cual requiere una orden judicial. Los tests de alcoholemia a partir del aliento son más simples. Los aparatos los venden dos docenas de empresas. Los contratos más grandes, con laboratorios criminológicos estatales, ascienden a millones de dólares.

Una compañía de St. Louis, Intoximeters, produce el dispositivo portátil Alco-Sensor IV y la máquina Alcotest 9510. CMI, de Kentucky, es otro líder de la industria. La empresa alemana Dräger posee los derechos de la marca Breathalyzer, nombre comercial de un aparato popularmente conocido como Drunkmeter.

CMI e Intoximeters no contestaron numerosos pedidos de que comentaran la situación actual en su rubro. Pero si lo hizo Dräger. “Nuestros avanzados instrumentos probatorios de medición de alcoholemia a través del aliento exceden los requerimientos de organismos reguladores nacionales e internacionales”, dijo Brian Shaffer, vocero de Dräger, cuyo equipo Alcotest 9510 se asemeja a un aparato de fax con una pequeña manguera. Al soplar por ella, un rayo de luz infrarroja mide el contenido alcohólico del aire que ingresa.

Los abogados forenses han intentado reiteradas veces examinar legalmente los aparatos para tests de alcoholemia, en especial su software. Inspeccionar el código informático puede revelar defectos de fábrica. Obtener uno de estos dispositivos es difícil. Los fabricantes no los venden al público. Los tribunales de por lo menos seis estados han rechazado tentativas de abogados defensores de acceder al código de las máquinas.

Pero en 2007 la Corte Suprema de Nueva Jersey ordenó que Dräger permitiera que el soft de las Alcotest 7110, de uso en todo ese estado, fuese analizado por expertos externos. En el informe a la Corte, los expertos dijeron que el aparato tenía “miles de errores de programación”.

Después de revisar la evidencia, la corte consideró que el Alcotest 7110 era un equipo “por lo general confiable científicamente”. Pero también admitió que tenía “deficiencias mecánicas y técnicas” que podían generar un resultado erróneo. Dräger afirmó que había arreglado rápidamente los problemas, aunque el estado nunca develó la actualización del software. Ahora Dräger publicita al 7110 como el único equipo del mercado cuyo software “ha sido examinado por terceros independientes y aprobado por la Suprema Corte”.

Otras jurisdicciones han empleado dispositivos juzgados poco confiables en otras partes. Florida, por ejemplo, adoptó el Intoxilyzer 8000 de CMI -calificado “insatisfactorio” por el laboratorio toxicológico de otro estado, Vermont- aun después de que en una prueba la máquina hiciera un cortocircuito y empezara a humear. Al cabo de modificaciones técnicas inicialmente encubiertas, ésta y otras causas judiciales hicieron que autoridades de Florida dejasen de permitir que los tests por alcoholemia a través del aliento se utilizaran en sus tribunales.

Cuando el estado de Washington decidió reemplazar sus máquinas viejas en 2009, la Policía eligió la Alcotest 9510, pese a un informe de su propio especialista científico que indicaba que esos equipos “no estaban listos aúna para su implementación”.

En 2015, un juez local hizo lugar a un pedido efectuado por abogados defensores para examinar el software que sustenta las Alcotest del estado, con su sistema operativo obsoleto Windows CE. La tarea recayó en los veteranos programadores y expertos en seguridad Robert Walker y Falcon Momot, quienes tras algunas semanas de diseccionar el código de la Alcotest redactaron el borrador de un informe: “Diseño defectuoso = Duda razonable”. (Diario Clarín)

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