La fiscalía de la CPI quiere abrir una investigación sobre la violencia en Nigeria
La fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, anunció hoy que tiene suficientes pruebas para abrir una investigación por posibles crímenes de guerra y contra la humanidad en Nigeria, cometidos tanto por los rebeldes yihadistas como por las fuerzas de seguridad nigerianas.
“Tras un procedimiento riguroso, puedo anunciar hoy que los criterios estatutarios para abrir una investigación sobre la situación en Nigeria están cumplidos”, declaró en un comunicado emitido por la sede de la CPI en La Haya.
Este anuncio tiene lugar mientras la violencia se perpetua en el noreste de Nigeria, donde al menos 76 trabajadores agrícolas fueron masacrados hace dos semanas por el grupo radical islamista Boko Haram.
Los fiscales de la CPI abrieron en 2010 una investigación preliminar sobre la situación en Nigeria, pero Bensouda solicita ahora el acuerdo de los jueces para lanzar formalmente una investigación completa, reportó la agencia de noticias AFP.
La fiscal se refiere a actos cometidos por Boko Haram y los grupos que surgieron de ese movimiento, que en 11 años de insurrección en el país son responsables de la muerte de al menos 36.000 personas y el desplazamiento de otros dos millones.
Boko Haram y sus facciones cometieron “actos que son crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”, como asesinatos, violaciones, esclavitud sexual, torturas, actos de crueldad y reclutamiento de niños soldado, entre otros, señaló la funcionaria.
Si bien la “gran mayoría” de los crímenes fueron cometidos por autores no estatales, “tenemos también bases razonables para creer que miembros de las fuerzas de seguridad nigerianas cometieron actos que constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”, añadió y citó, entre ellos, asesinatos, violaciones, tortura, desapariciones forzosas y desplazamiento forzado de la población, además de enrolar a menores de edad.
“Estas alegaciones son lo suficientemente graves para garantizar una investigación por mi oficina, tanto en términos cuantitativos como cualitativos”, sostuvo la fiscal, que justificó los diez años de examen preliminar en la CPI por el apoyo dado a las autoridades nigerianas en la investigación y el procesamiento de estos crímenes a nivel nacional.
Al margen de lo que pueda hacer en un futuro la justicia nigeriana, “se dan los requisitos en virtud del Estatuto de Roma para que mi oficina proceda”, sentenció.