viernes, abril 19, 2024
Sociedad

Obispos expresaron “preocupación” por el conflicto docente

La comisión permanente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) concluyó dos días de deliberaciones, en los que los obispos compartieron sus preocupaciones por la situación de la educación y el conflicto docente, como así también por las amenazas recibidas en el último tiempo por sacerdotes y referentes sociales por sus denuncias contra el narcotráfico.

Así lo expresó este mediodía el Episcopado a través de un comunicado de prensa, en el que consignó que, presididos por monseñor José María Arancedo, la veintena de obispos que integra la comisión había finalizado su habitual intercambio pastoral, en el que surgieron preocupaciones como la “situación de la educación y el conflicto docente”.

Si bien los obispos decidieron concluir el encuentro sin la difusión de una declaración, varios prelados se manifestaron públicamente -con variados matices- sobre el tema docente que, desde el inicio del ciclo lectivo, afecta el normal dictado de clases en distintas provincias y que está signado por la realización de un nuevo paro nacional de 48 horas convocado por Ctera.

Otro tema que surgió en el intercambio entre los obispos fue la preocupación compartida por la situación del narcotráfico y las amenazas que recibieron últimamente sacerdotes y referentes sociales vinculados a la lucha contra esa problemática.

De hecho, en las últimas horas, el obispado de Merlo-Moreno decidió el traslado del sacerdote Eduardo Farrel -hasta ahora párroco del Sagrado Corazón de Moreno- para preservar su integridad física ante las “reiteradas amenazas e intimidaciones” que sufrió desde diciembre pasado, tras haber brindado una misa en homenaje a un militante social asesinado en Moreno.

En tanto, la Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP), un organismo perteneciente a la CEA, advirtió que la situación del cura Farrel “no es un caso aislado” y aseguró que, “en otros lugares del país, se viven situaciones similares aunque muchas no se den a conocer por miedo a las consecuencias de la denuncia”.

En la ciudad correntina de Itati, donde fueron detenidos el intendente y el vice junto con el jefe de la policía local por su presunta vinculación con el narcotráfico, la Iglesia venía denunciando hace tiempo las conexiones con la política y el rector de la basílica Gustavo Cadenini también tuvo que irse por los aprietes narco.

Según informó la oficina de prensa de la CEA, otros temas analizados durante estos días fueron los casos de abusos por parte de sacerdotes, para lo cual la comisión episcopal de ministerios presentó una propuesta de trabajo para la prevención de abuso de menores y adultos vulnerables, a tono con la “tolerancia cero” que impulsa el papa Francisco para estos casos.

Para elaborar la iniciativa se trabajó con especialistas en distintas disciplinas y se viajó a Chile para conocer la experiencia del Consejo Nacional de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal de ese país.

Por otro lado, los obispos también resolvieron dar su apoyo “con algunas sugerencias” al proyecto de ley nacional de libertad religiosa que impulsa el gobierno, que será enviado próximamente al Congreso.

Por último, en los próximos días, se dará a conocer el protocolo de consulta de los archivos relativos a la dictadura conservador en el Episcopado, la Nunciatura y la Secretaria de Estado del Vaticano, que fue anunciado el año pasado.

En tanto, en relación al diálogo en torno al conflicto docente que se planteó en los dos días de deliberaciones que mantuvieron en la sede porteña del Espiscopado en el barrio porteño de Retiro, los obispos expresaron su preocupación por la situación educativa.

En este sentido, en declaraciones periodísticas formuladas días pasados, el presidente de la comisión de Educación del Episcopado, monseñor Eduardo Martín, había pedido “bajar la escalada de confrontación”, y expresado la preocupación de la Iglesia por la “escalada de la violencia verbal porque aleja toda posibilidad de solución”.

Por su parte, el titular de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, había señalado el fin de semana que veía al conflicto docente “como de difícil salida”, aunque se mostró esperanzado en que las partes puedan “encontrar alguna solución” en “forma conjunta y lo más pronto posible”.

Más duro, el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, había considerado que la razón de fondo del paro docente era “ideológica”, que los dirigentes gremiales “mantienen de rehenes a cuatro millones y medio de niños” y que, frente a eso, “las familias tendrían que manifestarse” y “exigir a los gremialistas” que comiencen las clases.

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