Caso Mica Ortega: prohibieron el acceso a las redes sociales a Jonathan Luna
Un reciente fallo de la Justicia bahiense le prohibió a Jonathan Luna, condenado por el femicidio de Micaela Ortega, el acceso a las redes sociales desde cualquier dispositivo luego de que Mónica Cid, madre de la víctima, informara haber recibido mensajes a través de un perfil de Facebook vinculado al asesino de su hija de 12 años.
La resolución, dictada por el juez de Ejecución Penal N° 1, Claudio Brun, responde a la presentación realizada por la madre de la víctima a comienzos de agosto.
Según la denuncia, desde una cuenta en Messenger, Luna envió mensajes como “Espero que algún día usted me pueda perdonar” y “hoy estoy pagando mi error”.
Durante la investigación, Luna, quien cumple una condena a prisión perpetua en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela y que en agosto de 2022 cambió su identidad a Yoana en el pabellón de diversidad sexual, fue indagado por el magistrado.
El interno negó haber enviado los mensajes y sostuvo que no dispone de teléfono celular, sugiriendo que la autoría podría corresponder a una persona vinculada a una relación anterior de su actual pareja, con la intención de “vengarse”.
En su fallo, el juez Brun subrayó la gravedad del delito por el que fue condenado, al advertir que “si la persona condenada, como Luna, mantiene la posibilidad de acceso a un teléfono móvil o a cualquier dispositivo con conexión a Internet, y considerando que el delito se comete exclusivamente en el entorno digital y sin requerir presencia física, el agresor puede continuar cometiendo ilícitos del mismo calibre desde el ámbito penitenciario. Esta situación se agrava si el uso de dicha tecnología se da sin el control o la supervisión efectiva por parte de la autoridad penitenciaria correspondiente, eliminando el propósito de la pena de prisión respecto a la protección de las víctimas potenciales”.
El juez también dispuso que las autoridades penitenciarias garanticen que el interno pueda mantener el contacto con su entorno familiar y su defensa técnica, pero exclusivamente a través de llamadas desde teléfonos fijos provistos por el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Además, ante la sospecha de la posible comisión de un delito de acción pública, ordenó dar intervención a la fiscalía en turno del Departamento Judicial de Quilmes. (Infobae)
