Malvinas: Diputados debatirá el miércoles la reforma de la ley de defensa
El oficialismo terminó de definir el temario de la sesión del próximo miércoles en la Cámara de Diputados, donde se tratará el proyecto sobre la cuestión Malvinas, que incluye modificaciones en materia de defensa e inteligencia, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Si bien el Gobierno tendría garantizados los votos para aprobar la iniciativa en general, está en duda el capítulo 7, que incorpora nuevos delitos vinculados con la denominada “injerencia extranjera” y requiere una mayoría especial de 129 votos.
Durante una reunión con representantes de bloques aliados, Oscar Herrera Ahuad, Karina Banfi y Gisela Scaglia reclamaron eliminar o modificar sustancialmente ese apartado. En cambio, el PRO comprometió su respaldo al proyecto, tanto si se introducen cambios como si se mantiene el texto actual.
El capítulo cuestionado establece multas para extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales. También contempla penas de prisión para quienes faciliten operaciones militares o de inteligencia dirigidas por Estados extranjeros y destinadas a afectar la seguridad nacional o la integridad territorial.
La iniciativa amplía las facultades del Poder Ejecutivo ante eventuales amenazas externas y acciones terroristas. Entre las atribuciones previstas figuran restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear fondos y activos, suspender autorizaciones y contrataciones, limitar importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.
El proyecto también mantiene la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en operaciones no convencionales y establece protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques. Estos puntos generan cuestionamientos por la posible superposición entre las funciones de las fuerzas de seguridad y las militares.
Entre los cambios incorporados a pedido de bloques aliados se encuentra la ampliación del Consejo de Seguridad Nacional, que sumará como miembros no permanentes al presidente de Diputados, al presidente provisional del Senado y a gobernadores. Además, se creó una comisión bicameral para controlar sus decisiones. El Poder Ejecutivo deberá informar a ese organismo sobre las medidas adoptadas en un plazo máximo de 48 horas.
Otro punto de controversia es la incorporación del Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) en la ley, con la posibilidad de incluir organizaciones cuando existan “motivos razonables para sospechar”.
Desde el peronismo y la izquierda cuestionan que las definiciones de “terrorismo” y “amenaza externa” sean imprecisas y advierten que podrían habilitar decisiones discrecionales del Gobierno y restricciones a las libertades civiles y políticas.

