Báez cobró sobreprecios por U$S 1.000 millones, según Vialidad Nacional
El organismo hizo un informe a pedido de la Justicia, en la causa en la que se lo investiga junto a Cristina por direccionamiento de la obra pública.
Durante el kirchnerismo Lázaro Báez fue el verdadero “zar de la obra pública” en Santa Cruz, ya que en ese período recibió casi el 80% de los contratos viales, a pesar de que en un 50% no terminó. “Había que destruirme e inventarme causas”, se quejó ayer el empresario K -detenido desde hace más de ocho meses por lavado- al presentar un escrito en la Justicia en la causa en la que se lo investiga por evasión de aportes de sus empleados por $ 33 millones.
Un informe que Vialidad Nacional hizo a pedido de la justicia derrumbó el reciente argumento de Báez: de acuerdo al organismo el empresario recibió contratos viales U$S 3.082 millones de dólares, con el ajuste de inflación a la fecha. Se trata de 52 contratos en total, por los que se pagaron U$S 1000 millones en sobreprecios, según las estimaciones de la institución.
El organismo elaboró el documento a pedido del juez federal Julián Ercolini, que investiga al empresario y a la expresidenta Cristina Kirchner, entre otros, por una supuesta “matriz de corrupción” en la obra pública, direccionada a favor del enriquecido empresario K.
En su denuncia inicial y posterior ampliación, Vialidad Nacional indica que las empresas del conglomerado de Báez, el Grupo Austral, se crearon para “defraudar al Estado Nacional” a través de procesos licitatorios “espurios, convalidando sobreprecios escandalosos y asignando circuitos administrativos de pago de excepción”, de acuerdo a Clarín.
A pedido de Ercolini, el director del organismo Javier Iguacel actualizó los números de las contrataciones que fueron otorgadas a Báez, que sube a U$S 3.082 millones de dólares en contratos viales para el el entonces zar de la obra pública K, con un sobreprecio de un tercio de esa enorme cifra, U$S 1.000 millones por obras inconclusas en Santa Cruz.
Para el organismo hubo “manipulación discrecional en los procesos licitatorios” con la “connivencia del Estado”, avalando “pagos indebidos por trabajos que no se ejecutaron” y que, en consecuencia, se emitieron “certificaciones de obra falsos”.
Semejantes números se tradujeron obviamente en un impactante aumento de la fortuna de Báez: a la fecha el Tribunal de Tasaciones de la Nación le atribuye $ 2.250 millones sólo en propiedades, cifra que la Justicia cree que podría alcanzar los $ 3.300 millones.
Todos estos multimillonarios números forman parte de la causa que investiga una posible matriz de corrupción en la obra pública, que de acuerdo a los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques -impulsores de la denuncia- se trató de un “plan criminal” para beneficiar al empresario K.