Cooperativa Obrera: acordaron penas para los tres imputados
Los tres imputados por el caso Cooperativa Obrera de Neuquén, en el que el derrumbe del supermercado produjo varias muerte, aceptaron ser condenados mediante un acuerdo propuesto por sus abogados defensores y avalado por la fiscalía luego de que los familiares de las víctimas manifestaran consentimiento unánime.
A instancias de este acuerdo, el dueño del local comercial que se derrumbó, Néstor Omar Guerrero, aceptó recibir una pena de tres años de prisión en suspenso; el arquitecto a cargo de la obra Alberto Luis Diez, una pena de tres años de prisión efectiva; y el capataz de la obra, José Alfonso Silva Manríquez, una pena de un año de prisión en suspenso.
“Hemos avalado un acuerdo que implica que los tres acusados sean condenados, con distintos penas en base al grado de responsabilidad que tuvieron en el hecho”, indicó el fiscal del caso, Marcelo Jara (Fiscalía de Delitos Patrimoniales –Foto-). “Este acuerdo fue propuesto por los abogados defensores y desde la fiscalía lo pusimos a consideración de los familiares de las víctimas. Luego, aceptamos firmarlo porque tuvimos el aval unánime de todos los familiares y sus abogados, lo cual era el requisito indispensable que habíamos establecido desde la fiscalía para aceptarlo”, agregó.
El acuerdo establece que “quienes aparecen como imputados, expresamente admiten su responsabilidad, participación y calificación legal dada al hecho formulada al momento de la acusación”.
También reserva al Ministerio Público Fiscal la posibilidad de requerir que se impongan las costas del proceso judicial a los acusados, así como reglas de conducta adicionales a la pena.
La acusación del Ministerio Público Fiscal contra los imputados fue por el delito de estrago culposo seguido de muerte, en calidad de coautores (artículo 189 del Código Penal). La imputación, contó con el respaldo de los abogados querellantes que representan a los familiares de las víctimas del derrumbe. El juicio estaba previsto para este año.
El fiscal del caso valoró el acuerdo respecto a la pena impuesta, ya que el delito imputado a los tres acusados prevé una pena máxima de cinco años de prisión efectiva. “Esta pena máxima iba a ser muy difícil de alcanzar en un juicio ante jueces profesionales, ya que como los tres imputados no tienen antecedentes penales, el máximo iba a ser seguramente disminuido por los jueces ya que así suelen hacerlo ante este tipo de situaciones cuando deben definir una pena. Por lo tanto, el máximo de cinco años de prisión iba a ser muy difícil de conseguirlo, más allá de que desde la fiscalía íbamos a intentar solicitarlo en caso de ir a juicio”.
En el acuerdo, como abogados de los familiares de las víctimas, intervinieron Carlos Rodolfo Iribarne, Héctor Stagnaro, Gustavo Lucero, y Alejandro Daniel Marco. Como representantes legales de los acusados lo hicieron Martín Segovia (defensor de Néstor Omar Guerrero), Fernando Diez y Leandro Seisdedos (defensores de Alberto Luís Diez) y Raúl Caferra (defensor de José Alfonso Silva Manríquez).
La imputación fue que en el caso de Guerrero, en su carácter de propietario del comercio y empresario del rubro de la construcción, junto a Díez, arquitecto de la obra en construcción y Manríquez, capataz de la obra, llevaron adelante con “negligencia, impericia e inobservancia de los reglamentos y ordenanzas vigentes, la construcción de diez departamentos sobre el inmueble ubicado en la intersección de calles Ortega y Gasset y Godoy” de esta ciudad, donde funcionaba el local comercial “Cooperativa Obrera Ltda.”.
El derrumbe del local en el que funcionaba el supermercado Cooperativa Obrera, ocurrió el 25 de octubre de 2015 alrededor de las 19.45 en la capital provincial. En el hecho fallecieron siete personas.
En el contexto de la investigación, un estudio encargado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), reveló que la baja resistencia del hormigón utilizado para rellenar seis columnas de la estructura del edificio, fue el principal motivo del derrumbe.
A instancias del acuerdo firmado, desde el Ministerio Público Fiscal se solicitó a la Oficina Judicial que fije día y hora para realizar la audiencia en la que se solicitará ante un juez de garantías que avale el entendimiento.
Asimismo, se estableció en el acuerdo que los abogados defensores solicitarán ante el Tribunal Superior de Justicia que se deje sin efecto la audiencia prevista para el próximo 29 de abril ante el máximo tribunal. En ese ámbito, se iba a debatir un recurso extraordinario presentado por las defensas ante la negativa que recibieron de efectuar la suspensión de juicio a prueba.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli participó junto al fiscal del caso de las reuniones con los familiares de las víctimas y sus abogados, en las que se analizaron los términos del acuerdo firmado. (La Mañana de Neuquén)