El 14 de diciembre comenzará el jury al juez Néstor Montezanti

El Jurado de Enjuiciamiento fijó para el 14 de diciembre el comienzo del juicio por presunto “mal desempeño de sus funciones” contra el suspendido camarista federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, a quien se le atribuye haber pertenecido a la organización Triple A y haber actuado como agente de inteligencia durante la última dictadura militar.

El Consejo de la Magistratura, reunido en plenario, decidió la apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, al juez Néstor Luis Montezanti, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, denunciado por sus vinculaciones con la organización paramilitar Triple A.

Durante el plenario, que tuvo lugar en la sala Lino Palacio del edificio de la calle Libertad 731, la acusación, enjuiciamiento y suspensión de Montezanti sumó 11 votos, es decir más de los dos tercios que se requieren para iniciar la apertura del jury (en total son 13 los miembros).

Votaron a favor los consejeros Gabriela Vázquez, Julián Alvarez, Jorge Candis, Anabel Fernández Sagasti, Adriana Donato, Héctor Recalde, Gustavo Valdés, Angel Rozas, Ruperto Godoy, Pablo González y Miguel Piedecasas.

Los únicos consejeros que no votaron a favor del inicio del jury de enjuiciamiento fueron los los consejeros Leónidas Moldes y Luis María Cabral, ambos representantes del estamento de los jueces en el Consejo de la Magistratura.

“Como jueza lamento que no me acompañen mis colegas en esta decisión”, dijo la presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, mientras emitía su voto, y agregó: “Montezanti tenía conductas propias de personal castrense con los empleados judiciales de Bahía Blanca, y la desarticulación de la secretaría de Derechos Humanos de la Cámara demuestra su falta de compromiso con los valores democráticos”.

Por su parte, Adriana Donato, representante de los abogados, señaló que las de Montezanti “fueron conductas muy graves”, al tiempo que la diputada del Frente para la Victoria, Anabel Fernández Sagasti, recordó que “en Mendoza se está juzgando a dos camaristas por acusaciones similares a las de Montezanti”.

“Queremos jueces imparciales, con espíritu y valores democráticos. No podemos tapar el sol con la mano, todos conocemos la situación de Bahía Blanca. Somos un país que tiene como bandera los derechos humanos y sobre todo las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, agregó.

Por su parte, el consejero y diputado del FpV, Héctor Recalde sostuvo que “fueron muchos los trabajadores que sufrieron la persecución en Bahía Blanca” y por ellos es necesario “conocer la verdad y que se haga justicia”.

De esta forma, quedó aprobado el dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación, y ahora resta que se constituya el jury de enjuiciamiento, que es un órgano creado en la Constitución Nacional cuya atribución consiste en enjuiciar y remover a los magistrados y agentes fiscales.

El juez Montezanti, docente y presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, es investigado por su participación en 22 homicidios cometidos por la organización paramilitar conocida como Triple A entre 1974 y 1975, causa que llevan los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia.

También se lo acusa de haberse desempeñado como agente de inteligencia durante la última dictadura cívico-militar.

Al plenario llegó un dictamen de 88 páginas que propone el inicio del Jury por “mal desempeño en sus funciones” y que fue impulsado por el consejero y secretario de Justicia, Julián Álvarez.

Mientras esta votación transcurría en el segundo piso del Consejo de la Magistratura, más de 50 trabajadores del gremio judicial Sitraju pedían el enjuiciamiento de Montezanti y el fin de los maltratos, y chiflaron a los consejeros Moldes y Cabral cuando justificaban su voto en contra.

En la puerta del edificio, más trabajadores judiciales pedían lo mismo con carteles que decían “Justicia para los que trabajan en la Justicia. No al acoso, no a los socios de la represión. Chau Montezanti”.

El juez también enfrenta investigaciones por delitos de lesa humanidad, y la semana pasada el juez federal subrogante de Bahía Blanca, Alejo Ramos Padilla, lo declaró en rebeldía después de que por tercera vez no se presentara a dar declaración indagatoria.

Por otra parte, el dictamen que pedía el inicio del jury de enjuiciamiento al juez de Quimes Luis Antonio Armella quedó postergado para el plenario del 1 de octubre.

Armella está denunciado ante el Consejo de la Magistratura por “un uso abusivo de las facultades delegadas por la Corte” en la causa por el saneamiento del Riachuelo (causa Mendoza) “con el objeto de favorecer a sociedades integrantes de un mismo grupo económico, vinculado comercialmente con su esposa y su suegro”. (Agencia Télam)

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