Esa cruel costumbre de matar

Desde el 29 de abril, cuando un condenado agonizó durante 47 minutos tras recibir una inyección letal, fueron suspendidas tres ejecuciones. Algunos estados guardan secreto sobre los fármacos que usan y otros quieren volver a la silla eléctrica.

La ejecución de Clayton Lockett, de 38 años, condenado a muerte en Oklahoma, Estados Unidos, por asesinar a una joven de 19 años, no salió como las autoridades penitenciarias locales esperaban. Luego de aplicarle la inyección letal, a las 18.33 del 29 de abril último, los médicos declararon a Lockett inconsciente. Tres minutos más tarde comprobaron que no lo estaba. El propio condenado habría afirmado “no lo estoy”. A partir de ese momento, comenzó a retorcerse, gritar y sacudirse con sus manos y piernas, intentando incorporarse en la camilla a la que se encontraba atado. Estaba sufriendo. Falleció de un paro cardíaco 47 minutos más tarde. La dificultad que habrían tenido los médicos para encontrar una vena donde colocar el cóctel, el secreto en torno de los fármacos empleados, que además nunca antes habían sido usados, y el claro sufrimiento del condenado contribuyeron a reabrir el debate entre partidarios y opositores a la pena de muerte. En el último mes se multiplicaron los recursos judiciales ante los tribunales en oposición a este procedimiento y tres ejecuciones fueron suspendidas. La última fue postergada en Missouri por disposición de la Corte Suprema, el último martes.

“Corría el riesgo considerable de una muerte atroz y prolongada, a causa de su estado de salud poco común y grave”, afirmó la abogada Cheryl Pilate, defensora de Russell Bucklew, condenado a muerte en 1996 en Missouri por el asesinato de la pareja de su ex novia, a la que después secuestró y violó. Bucklew, de 45 años, iba a ser ajusticiado el martes, pero un tribunal de apelaciones suspendió la ejecución al considerar que “el procedimiento actual de ejecución (en Missouri) presenta un ‘riesgo objetivamente intolerable de sufrimiento’”. Sin embargo, dio marcha atrás en la decisión y la muerte de Bucklew parecía inminente, hasta que el juez de la Corte Suprema Samuel Alito postergó de nuevo la condena, el miércoles último, y ordenó que el caso sea revisado.

Los abogados del condenado criticaron el uso del pentobarbital, la droga que ese estado utiliza como anestesia para la inyección letal. Argumentaron que el reo sufre de una rara condición médica con tumores vasculares en el cuello y que el cóctel que le inocularían podría provocarle una hemorragia cerebral y dolores extremadamente fuertes. Según argumentaron, esto iría en contra de la Constitución estadounidense, que prohíbe “un castigo cruel y extraordinario”.

Además, alegaron que “el método de ejecución es incompatible con estándares internacionales de derechos humanos” y que Missouri “no ha proporcionado información sobre los fármacos utilizados” en las inyecciones letales. Bucklew había pedido formalmente que su ejecución sea filmada para que el video sea utilizado como evidencia de su sufrimiento al momento de la muerte, pero el tribunal de apelaciones se lo negó.

A raíz de la decisión de los fabricantes europeos de negarse a vender el anestésico a quienes lo adquieren para ejecuciones humanas, los 32 estados de Estados Unidos que aún aplican la pena de muerte tienen dificultades para hallar barbitúricos. Es así que recurren a preparados disponibles en farmacias locales, pero no homologados por las autoridades federales.

“Para considerar métodos alternativos de ejecución, un preso debe poder obtener información del producto que el estado de Missouri pretende utilizar, así como su origen y los ingredientes que contiene”, sostuvo la abogada de Bucklew.

En este contexto, Bill Haslam, gobernador de Tennessee, firmó el jueves un decreto que permite volver a usar la silla eléctrica como recurso cuando el estado no pueda conseguir los suministros necesarios para la inyección letal. La última vez que se utilizó este método fue en 2008, en Nebraska.

Los debates entre partidarios y opositores a la pena de muerte recrudecieron a partir de la muerte de Clayton Lockett y, en los últimos días, se presentaron varios recursos judiciales ante los tribunales para cuestionar los nuevos procedimientos utilizados en las inyecciones letales, el secreto en torno de los fármacos empleados y el sufrimiento al que se enfrentan los condenados.

Las protestas llegaron incluso hasta la Casa Blanca, donde el presidente Barack Obama calificó la ejecución de Lockett como “profundamente perturbadora” y aprovechó para pedir una revisión completa de la práctica en los estados que la aplican.

No obstante, Obama reiteró su apoyo a la pena de muerte. “Existen ciertas circunstancias en las que un crimen es tan terrible que la aplicación de la pena de muerte podría ser apropiada: asesinatos en masa o de niños”, señaló.

Por su parte, Ryan Kiesel, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Oklahoma, luego de la muerte de Lockett, reflexionó que “este caso trae el interrogante de si existe alguna vía humana que permita quitarle la vida a un hombre de forma deliberada”.

A pesar del rechazo que generó este caso, aún el 59 por ciento de los estadounidenses está a favor de la pena capital contra un 35 por ciento que se opone. La mayoría de aquellos que se encuentran a favor la consideran aceptable “en casos de asesinato y violación”.

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