Bachelet cumplió otra promesa: creó dos universidades públicas
La iniciativa es una de las 56 medidas que la mandataria prometió que serían ejecutadas dentro de los primeros cien días de su segundo mandato, que se cumplieron ayer. Funcionarán en las regiones de Aysén y O’Higgins.
La presidenta chilena Michelle Bachelet comenzó a darle efectiva satisfacción a las demandas populares a favor de una educación igualitaria e inclusiva, al firmar ayer el decreto por el cual se crean dos universidades estatales en la región central de Aysén y O’Higgins. La iniciativa es una de las 56 medidas que durante la campaña electoral Bachelet prometió que serían ejecutadas dentro de los primeros 100 días de su segundo mandato, que se cumplieron ayer. “Con el desarrollo de estas dos nuevas universidades estamos asegurando que exista una universidad pública en cada región del país”, dijo Bachelet durante una visita a la sureña Coyhaique.
El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, señaló que “la región de Aysén y O’Higgins tiene que tener una posibilidad de pensarse a sí misma, de desarrollar su cultura, de pensar cuál es su plan de desarrollo, y para eso necesitaba una universidad”.
El ministro agregó que la creación de estas dos casas tiene el objetivo de activar el desarrollo regional, por lo que “hay que trabajar con la comunidad y también con el sector productivo para saber tanto ahora como en el futuro cuáles son las necesidades que la gente del lugar avizora en términos de retener su capital humano, para que trabaje por el desarrollo de la región”.
El 22 de mayo pasado, cuando anunció ante el Congreso un paquete de medidas enmarcadas en sus 56 promesas, Bachelet había dicho que “Chile debe tomarse en serio su educación superior”, y anunció que “pasará a ser gratuita para que todos puedan ir a una universidad”. La presidenta aclaró entonces que el proceso tomará seis años, y señaló que espera que al fin de este segundo mandato, en el año 2018, las nuevas disposiciones hayan alcanzado al 70% de los más vulnerables. En esa ocasión adelantó la fundación de universidades regionales como las creadas ayer, “en las que se entrecrucen los planes generales de estudio con los intereses propios de las realidades locales”.
En su intervención ante los legisladores, Bachelet señaló que “si la educación es un derecho de todos, entonces debemos financiarla con los fondos públicos”. Como primera aproximación a lo que fueron las demandas que en los últimos tres años movilizaron a estudiantes, padres y docentes, la presidenta había anunciado la desmunicipalización de las escuelas primarias y su pase a la órbita del Ministerio de Educación. El gobierno anunció que reformará el modelo heredado de la dictadura, causante de graves desigualdades. Los planes del gobierno, que deben ser ejecutados en varios años, requieren que se destinen unos 8200 millones de dólares.
En la última semana de mayo los estudiantes volvieron a las calles y criticaron los anuncios formulados en el Congreso. Desde sus primeras protestas, en 2011, los jóvenes reclaman una educación pública gratuita, que ponga fin al lucro, tanto en los centros privados como en los públicos que reciben aportes del Estado pero además cobran un arancel mensual a los padres.Se estima que el 70% del gasto en educación de los universitarios es pagado por la familia. El 30% restante es financiado por el Estado. La Universidad de Chile, que es estatal, cuesta entre 8000 y 10 mil dólares por año, dependiendo de la carrera.
Lo que falta, a consulta indígena
Tras firmar el decreto de creación de las nuevas universidades, Michelle Bachelet no ocultó su satisfacción por lo hecho en sus primeros cien días de gobierno. “Hoy hemos cumplido con una enorme mayoría de las medidas prioritarias que nos propusimos, y cuando hablo de un alto número digo el 91%”. Luego explicó por qué falta el 9 por ciento. “Es por una muy buena razón: las que están pendientes deben ser sometidas previamente a la consulta indígena, dando cumplimiento así al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, dijo la presidenta.
Entre las medidas señaladas que no alcanzaron a ser cumplidas está el envío al Congreso del proyecto que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas. Bachelet señaló que “antes de cualquier discusión parlamentaria, los lineamientos de nuestra propuesta deben ser sometidos a un proceso de consulta indígena, porque tenemos un compromiso internacional que es el de implementar plenamente el Convenio 169″. La presidenta dijo que “con esta medida buscamos fundar un nuevo trato entre el Estado y los pueblos indígenas”.