viernes, abril 19, 2024
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Buscan trabar el regreso de Tevez con una cautelar por los incidentes en el clásico

Gregorio Dalbón, abogado querellante tras los hechos de inseguridad en la Bombonera el 14 de mayo, dijo que se ve “obligado a pedir una medida para trabar el pase de Tevez” desde la Juventus al Xeneize.

El letrado señaló que  “Boca debe pagar primero 200 mil dólares de multa a la Conmebol, luego indemnizar a los plateístas que no pudieron utilizar sus lugares debido a la suspensión del estadio, y un resarcimiento a cada uno de los presentes por haber sido expuesta su seguridad. Hasta tanto se ponga al día, no podemos permitir dilapidar el dinero de la institución en una operación de 4 millones de euros o más”.

“Es un delito grave porque el presidente del club (Daniel) Angelici debe ser indagado según el artículo 211 debido a que se provocó una intimidación pública ante 60 mil personas”, explicó Dalbón luego de que el caso fuera elevado a la cámara criminal con competencia de la doctora Wilma López.

“Visto y analizando que el propio Angelici reconoció públicamente su responsabilidad, hubo una mediación hace alrededor de 15 días, con un convenio de confidencialidad que no se debe romper”, indicó el abogado, quien aseguró que en ese entonces “no se llegó a ningún acuerdo”.

“Estamos esperando la orden de la jueza para presentar la medida también ante la Juventus, en Italia, hasta que se regularice la situación. Le pedimos el resarcimiento a los socios dado que se sienten directamente perjudicados por el accionar del presidente del club y la falta de seguridad”, agregó.

Respecto del plano deportivo, Dalbón sostuvo que “está perfecto comprar a Carlos Tévez, pero sintiéndose responsable del hecho sería lo más lógico regularizar a las personas damnificadas. De lo contrario parece que Angelici tiene más interés en la imagen pública que en sus propios socios tras haber puesto en riesgo a 60 mil personas”.

Para concluir Dalbón aclaró que “podrían llamar al presidente de Boca a indagatoria, con la posibilidad de una pena de 3 a 10 años de prisión”.

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