Denuncian violencia obstétrica exacerbada contra mujeres privadas de su libertad
Las mujeres privadas de libertad sufren la violencia obstétrica “de una forma exacerbada, porque el encierro carcelario implica restricciones para el goce de derechos reconocidos y una mayor exposición a la violencia institucional”, reportó hoy un informe de la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Defensoría del Pueblo bonaerense.
Así lo expresaron hoy a través de la difusión del informe conjunto “Parí como una condenada. Experiencias de violencia obstétrica de mujeres privadas de la libertad”, en el que advirtieron que “la violencia obstétrica es una modalidad particular de discriminación y de violencia de género que afecta de manera transversal al conjunto de las mujeres”.
En este caso, el estudio se realizó, entre 2012 y 2016, con “33 mujeres presas durante sus procesos reproductivos (preparto, parto y posparto)”, y emitió recomendaciones para abordar las dificultades detectadas.
El estudio expuso formas específicas de maltrato ejercidas por la institución penitenciaria, vinculadas de forma directa con la condición de mujer privada de su libertad y ratificó “la necesidad de replantear la política criminal y penitenciaria” al respecto.
“La forma más extrema de violencia detectada, obstétrica e institucional, puede encontrarse en la dimensión de vigilancia y seguridad”, y agregaron que es “alarmante que se continúen aplicando medidas de sujeción sobre mujeres embarazadas, y más grave aún resulta su utilización durante los procesos de preparto y parto”.
Entre los datos recabados entre las mujeres encuestadas, se destacaron:
-El 94% inició el trabajo de preparto en la unidad penitenciaria, y buena parte de ellas -casi el 76%- específicamente en su pabellón de alojamiento.
-El 85% manifestó haber experimentado, durante el trabajo de parto realizado en el penal, algún tipo de maltrato verbal de parte del personal penitenciario.
-Un 72,7% de las parturientas fueron conducidas a los hospitales en ambulancia, el 18% en un camión de traslado y en los casos restantes en otros móviles como patrulleros o colectivos de visitas.
-En el 97% de los casos las mujeres fueron acompañadas por personal de seguridad y en el 54,5% fueron trasladadas con alguna medida de sujeción como esposas o “pateras” (esposas en las extremidades inferiores). Todas las mujeres de este último subgrupo permanecían alojadas en la Unidad 33 de Los Hornos, provincia de Buenos Aires.
Por último, entre las recomendaciones específicas, las autoridades subrayaron, entre otras cosas, que “debe capacitarse al personal judicial sobre la temática del parto respetado y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia obstétrica; y que el Poder Ejecutivo debe implementar políticas públicas que garanticen el acceso a los derechos reproductivos de las mujeres detenidas”.
Por último indicaron que deben habilitarse “mecanismos para la recepción de denuncias por hechos de violencia obstétrica, impartir cursos de preparto en el Servicio Penitenciario -los que deben disponer de guardias obstétricas y pediátricas activas-; y deben erradicarse las medidas de sujeción e inmovilización” en mujeres parturientas o que hayan dado a luz recientemente.