La Iglesia toma distancia de los proyectos para bajar la edad de punibilidad

En medio de la polémica por el proyecto del Gobierno para impulsar una nueva Ley Penal Juvenil que baje el tope de 16 años para la punibilidad de delitos, la Conferencia Episcopal llamó a “pensar caminos que cuiden, eduquen y acompañen y no solo respuestas que llegan cuando el daño ya está hecho”.

Así tomó distancia del proyecto del oficialismo que propone bajar la edad a 13 años y de otras iniciativas opositores que sugieren llevarla a 14.

La Iglesia advirtió que “el desafío es fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro, más que debates que profundizan divisiones”.

“Desde la Iglesia insistimos en una propuesta positiva: educar, acompañar y prevenir”, señaló el comunicado de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina que preside el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo.

Además, alertó que “ante propuestas que presentan la baja de la edad de imputabilidad como única respuesta del Estado frente a situaciones dolorosas que conmueven a la sociedad” el hecho de “centrar el debate casi exclusivamente en la pena suele dejar en segundo plano aquello realmente necesario: lo que previene, educa y acompaña”.

En ese marco, la Iglesia recordó que “está cercana al dolor desgarrador de las familias y comunidades víctimas de estos delitos” pero señaló que “una discusión centrada únicamente en la edad de los menores involucrados corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja que interpela a la familia, a la escuela, a la comunidad y al Estado”.

“El desafío es más amplio: pensar caminos que cuiden, eduquen y acompañen y no solo respuestas que llegan cuando el daño ya está hecho”, insistió la Conferencia Episcopal.

Al respecto, recordó que en marzo de 2025, la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina invitaba a los argentinos a preguntarse algunas cuestiones que siguen plenamente vigentes: “Si se concreta la baja de la edad de imputabilidad, ¿Dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente? ¿En serio creemos que esa es la solución?”.

Ese documento, añadió, “concluía con una convicción que hoy reafirmamos: es imprescindible un régimen penal juvenil y adolescente que tenga una mirada humana, abierta a la esperanza”. (Diario Clarín)