La justicia desestimó denuncias del juez Montezanti

El ahora suspendido presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, quien es investigado por sus presuntos vínculos con la Triple A bahiense en los años ’70, se defiende contratacando. El 15 de septiembre, una vez anoticiado del juicio político en su contra, resuelto por 11 votos contra 2 en el Consejo de la Magistratura, denunció por “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales y usurpación de autoridad” a medio Poder Judicial, incluido el Ministerio Público Fiscal. La presentación fue radicada en el Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, a cargo de la doctora Iara Jésica Silvestre, que terminó desestimando esa presentación.

Los aludidos en la desesperada jugada de Montezanti fueron los fiscales José Alberto Nebbia y Miguel Ángel Palazzani; el juez Alejo Ramos Padilla y sus colaboradores Aníbal Marassi, Pablo Andrés Vassel, Gustavo Puppo y Mauro Labazzetta.

En su exposición, que apunta también contra Jorge Daniel Candis, consejero de la Magistratura en representación del estamento académico, el camarista suspendido recusó a Nebbia “por su manifiesta enemistad hacia su persona” que, refiere, “ha patentizado en decenas de declaraciones públicas en abierta infracción a los deberes de su oficio, y con total impunidad ya que forma parte del staff faccioso de la actual Procuración General de la Nación”, a cargo de Alejandra Gils Carbó.

Las declaraciones públicas que Montezanti hizo a través del diario La Nueva Provincia no constituirían, según su particular interpretación de los deberes de su oficio, infracción alguna.

En la denuncia, Montezanti objeta la ley de subrogancias que permite que Ramos Padilla, quien es titular del Juzgado Federal con asiento en Dolores, actúe en Bahía Blanca, tras el nombramiento efectuado por el Consejo de la Magistratura el 8 de julio pasado.

El camarista suspendido, quien según denuncias gremiales obligaba a los empleados a pedir perdón por sus faltas ante las autoridades del tribunal y consideraba un acto de “rebelión” la negativa, señaló en su escrito que tras su asunción en el juzgado, Ramos Padilla “comenzó con desplazamientos de personal e instalación de personas extrañas, en lo que parecería más bien una intervención que una subrogancia judicial”.

En efecto, el nombramiento de Ramos Padilla como juez subrogante del Juzgado Federal Nº 1, de Bahía Blanca, se produjo luego de que organismos de Derechos Humanos, funcionarios y legisladores reclamaran que “no se ratifique” la designación de los jueces Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet, cuestionados por su desempeño demasiado lento en causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad.

La designación de Ramos Padilla fue aprobada tras el desempate hecho por la jueza Gabriela Vázquez, presidenta del Consejo de la Magistratura, luego de que la votación terminara igualada en seis.

Desde que Ramos Padilla asumió en Bahía Blanca la investigación por crímenes de lesa humanidad tomó fuerza y cobró notoriedad, tanto que motivó el juicio político a Montezanti y la prohibición de que el magistrado saliera del país ante el riesgo de fuga. Al camarista le imputan, entre otros cargos, el secuestro y cautiverio de un ex militante de la Juventud Peronista, y su participación en la banda paraestatal Triple A. (Tiempo Argentino)

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