La provincia de Misiones va a la Justicia para frenar las bajas en discapacidad
El gobierno de Misiones anunció la presentación de un recurso de amparo con una medida de no innovar ante la Justicia Federal para frenar las auditorías de las pensiones por discapacidad y retrotraer la situación de beneficiarios que fueron dados de baja por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El anuncio fue realizado por el vicegobernador provincial, Lucas Romero Spinelli, en medio del escándalo por los audios de ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, por el supuesto pago de sobornos en el organismo.
La presentación ante el Juzgado Federal de Posadas será realizado por la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez.
Desde el gobierno misionero dijeron que la decisión de avanzar judicialmente se tomó luego que se ignoraran los pedidos para garantizar una auditoría transparente y sin vulnerar los derechos de las personas discapacitadas.
La medida implica un mayor distanciamiento del gobernador Hugo Passalacqua de las políticas del presidente Javier Milei. En el primer año de gestión de LLA, el oficialismo misionero aportó el voto de diputados y senadores para sostener en el Congreso varias iniciativas impulsadas por los libertarios.
El vicegobernador sostuvo que “en Misiones, hace varios meses, vemos muchos derechos que están siendo vulnerados, especialmente de las personas con discapacidad que reciben el beneficio de pensiones no contributivas”.
En ese sentido, sostuvo que el Consejo Provincial de Discapacidad detectó “cientos de casos de intimaciones (a beneficiarios) a presentarse que nunca llegan al domicilio; de lugares que no existen; de personas que no van a verificar cuando la gente está y ni hablar de cientos de personas que ni siquiera están en condiciones de movilizarse para realizar la auditoría”.
Romero Spinelli dejó en claro que la decisión de avanzar judicialmente se tomó “luego de haber agotado todas las instancias personales, por mensajes, por mail, las que ustedes se imaginen durante más de tres meses de trabajo a través de la licenciada Tatiana Antúnez, del Consejo Provincial de Discapacidad”.
Sostuvo que con el recurso de amparo buscarán “que se vuelva el momento cero de todos aquellos misioneros que han perdido injustamente su beneficio”. Además, dejó en claro que el Gobierno de Misiones no se opone a las auditorías. “Son necesarias, pero sin vulnerar y sin socavar los derechos de las personas que más nos necesitan”, aseguró.
Según estimaciones del Consejo Provincial de Discapacidad, en Misiones ya fueron suspendidas alrededor de 10.000 pensiones no contributivas y llegaron unas 100.000 cartas documentos para que los beneficiarios presenten las documentaciones que avalen el otorgamiento del beneficio. (Diario Clarín)
