Las Defensorías del Pueblo cuestionaron a Edesur en la audiencia pública

Los representantes de las Defensorías del Pueblo de Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires coincidieron en cuestionar a la empresa Edesur por no dar a conocer su propuesta tarifaria antes de la audiencia pública y pusieron foco en que uno de los accionistas de la empresa anunció la venta de su participación en la distribuidora de energía eléctrica.

Al respecto, la representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Mariana Grosso, afirmó que se llegó a esta audiencia “sin conocer de forma previa cuál era la propuesta de las empresas, desnaturalizando así la razón de ser de las audiencias públicas y el derecho a obtener una información adecuada y veraz”.

En la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el representante de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Gastón Arias, recordó que “el día 12 de enero el señor Francesco Starace, CEO de Enel, que es la dueña de Edesur, dijo con total desparpajo que se van de la Argentina porque el país tiene la regulación más bizarra del mundo”.

“Ellos son los dueños del 75% de la empresa Edesur, que ya dijo que se va, no se sabe ni cuándo ni cómo, manifestándose de forma despectiva sobre Argentina”, expresó Arias.

Agregó que “hace 30 años que son una calamidad para sus rehenes, que son sus usuarios y le tomaron el pelo a más de 3 millones de usuarios durante 30 años, eso es criminal”, enfatizó para agregar que vino “con expectativa de escuchar al representante de Edesur pedir perdón por el desastre de servicio que prestan, pero nos vamos con las manos vacías”.

En tanto, el Director de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Mielniki, dijo que “falta que nos digan las razones de por qué no dan cumplimiento a cada una de las propuestas razonables que hacemos los representantes de las Defensorías del Pueblo”.

Además, sostuvo que “a partir de los importantísimos aumentos tarifarios que se dispusieron desde 2015 para una enorme cantidad de usuarios, en este caso del AMBA, excedió la capacidad de ajuste de la organización familiar, y hablar de nuevos aumentos que equiparen o superen a la inflación escapa a la posibilidad de pago de las familias”.

Finalmente, refirió que desde la Defensoría que representa consideraron “interesante” la presentación del interventor del ENRE, Walter Martello, porque “hay un concepto que para nosotros explica perfectamente el problema: las empresas piden tarifas de primer mundo y brindan servicios del tercer mundo. La cantidad de cortes está clara y nadie puede negar que excede los límites razonables”.

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