Lázaro Báez pidió no ir a juicio hasta que se resuelva la situación de Cristina Kirchner
Después que el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) le prorrogó por un año más la prisión preventiva, Lázaro Báez pidió que se anule el requerimiento de elevación a juicio oral en la causa conocida como la Ruta del dinero K, donde el juez Sebastián Casanello lo procesó por lavado de dinero y embargó en 600 millones de dólares.
¿El motivo? No quiere ir a juicio sin que se resuelva la situación de Cristina Kirchner. La ex Presidenta se encuentra imputada en la causa y el magistrado analiza si la llamará o no a indagatoria.
La corrupción en la obra pública y “la ruta del dinero K” tienen como común denominador a Lázaro Báez. La justicia determinó que la defraudación con las obras viales (52 contratos por 46.000 millones de pesos) es el delito precedente de las operaciones de lavado que realizó el empresario K por 60 millones de dólares. La Sala IV de la Cámara de Casación resolvió este jueves que ambos expedientes deben juzgarse por separado.
El delito atribuido en la llamada “ruta del dinero K” a Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otras veinte personas procesadas en la causa -entre ellas Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Fabián Rossi- es el de haber “integrado una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad”.
El juzgado determinó que en las maniobras de lavado de activos se blanquearon 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Según el fiscal Guillermo Marijuan, en ese lapso el patrimonio de Báez se incrementó sustancialmente: hoy suma más de 420 propiedades por un valor que de 2.547 millones de pesos.
Durante la instrucción, Marijuan imputó a la ex Presidenta como coautora de las maniobras de lavado encabezadas por su socio comercial. “Cristina Kirchner no puede negar, bajo ningún punto de vista, los numerosos vínculos que demuestran su inexorable sociedad delictual con Lázaro Antonio Báez”, sostuvo el fiscal.
Según la fiscalía, Cristina “formó una asociación ilícita para aportar su decisiva funcionalidad gubernamental imprescindible para la adjudicación de las obras y de la masa de dinero que las solventó”, junto con otras personas, “entre las que estaba Báez”. El empresario K es señalado como responsable del manejo de esos fondos, que después se habrían volcado a maniobras de blanqueo. “Todo esto conduce a afirmar que (la ex Presidenta) también participó junto con el nombrado en las acciones de lavado de dinero”.
En este contexto, el juez Casanello analiza diferentes pruebas después de una serie de medidas, para definir si Cristina Kirchner tuvo responsabilidad o no en las maniobras de lavado. “Al confirmar el procesamiento, la Cámara señaló que debían ir por separado las partes del expediente. Además, Báez nunca involucró en sus declaraciones indagatorias a la ex Presidenta”, señalaron a Clarín fuentes de la causa.
Que la ex Presidenta sea llamada a indagatoria fue un pedido también de las querellas, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) que sostuvieron que Báez era testaferro de la ex familia presidencial.
De estos planteos se tomó una vez más el empresario K, y en su escrito -al que accedió Clarín-, señaló: “Todos ellos plantearon que la instrucción no se encontraba concluida, siendo esencial a los fines de la investigación y del desarrollo de un juicio oral y público que contase con la totalidad de los elementos de la base fáctica que constituyen la acusación promovida por las mismas, incluir el accionar supuestamente imputado a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la compleja maniobra constituida por una asociación ilícita de la que ella fuera el nexo central”.
Desde la defensa de Báez, indicaron “la instrucción no está terminada y que así se está fragmentando el hecho, lo que impide una adecuada defensa”.
Cuando elevó la causa a juicio oral. el juez Casanello planteó que por otro lado continuará instruyendo el incidente en el que se imputó a Cristina Kirchner, hasta determinar si tuvo o no responsabilidades.
La Sala II de la Cámara Federal porteña pidió reiteradamente que el juez resuelva esta situación, sosteniendo que los fondos incluidos en las maniobras de lavado provenían de la defraudación al Estado por el direccionamiento de la obra pública.
Fuente: Clarín
