Macri espera noticias sobre su situación procesal y busca llevar caso de espionaje a Comodoro Py
El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, fue confirmado esta semana al frente de la causa en la que se investiga si el gobierno de Mauricio Macri espió a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan y se espera que en los próximos días defina la situación procesal del exmandatario.
La noticia de que Bava había sido confirmado por la Cámara Federal de Mar del Plata le llegó al expresidente mientras visita Arabia Saudita, viaje que le fue autorizado a pesar que pesa sobre él una prohibición de salir del país que le fue impuesta el 1 de octubre, cuando lo citaron a indagatoria.
Con el fracaso de su segundo intento por recusar al juez que lo indagó, Macri apuesta ahora a llevar la causa a los tribunales federales porteños, ubicados en la Avenida Comodoro Py 2002, donde presentó un planteo de inhibitoria, según informaron fuentes judiciales.
La defensa de Macri hizo ese movimiento el 19 de octubre -un día antes de recusar por primera vez al juez Bava- a través de un planteo que presentó ante el juzgado que encabeza Ariel Lijo, donde ya se había presentado antes el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, con un intento similar.
Tanto Arribas como Macri niegan haber cometido delitos, pero sostienen que si hay algo que investigar le corresponde a Comodoro Py, porque la sede del gobierno nacional y de la AFI se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires.
Arribas hizo el planteo en el marco de la causa en la que se investiga el accionar de las bases AMBA de la AFI durante el gobierno de Macri, -expediente que posibilitó el hallazgo de la documentación- y si bien el juez Lijo no le hizo lugar, “el exseñor 5” (como se denomina a los titulares de la AFI) consiguió que el juez de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, lo avalara.
El planteo de Macri fue recibido por el juez Lijo que le corrió vista al fiscal Franco Picardi y el representante del Ministerio Público opinó que antes de tomar cualquier decisión había que esperar a lo que resolviera la Cámara de Mar del Plata, en relación al lugar en el cual se debe tramitar el expediente de las bases AMBA que, al menos por ahora, permanece en manos del juez Bava.
En los próximos días, el magistrado, que subroga el juzgado en el que se desempeñaba Alejo Ramos Padilla (hoy juez federal de La Plata con competencia electoral), deberá decidir si sobresee, procesa o le dicta la falta de mérito al expresidente.
Fuentes cercanas a la investigación estimaron –en diálogo con Télam– que la decisión ocurrirá cuando Macri ya se encuentre en la Argentina, dado que fue autorizado a salir del país hasta el 25 de noviembre y hay medidas de prueba en curso que concluirán ese mismo día.
El expresidente está imputado por maniobras de espionaje porque, como jefe de Estado, era el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, según la ley de inteligencia, se sostuvo al convocarlo a indagatoria, en una resolución que firmó Bava el 1 de octubre pasado.
Además, la Justicia sospecha que el exmandatario se nutrió de informes elaborados por la AFI para poder conocer de antemano los reclamos que le harían los familiares de las víctimas y que algún organismo del Estado pudo haber utilizado la información para saber con quienes se vinculaban.
En la causa abierta a raíz de una denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia Cristina Caamaño están procesados además los exresponsables de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
El juez Bava está en condiciones de resolver la situación procesal de Macri desde el mismo día en el que se concretó su indagatoria, pero aún no lo hizo porque, entre otras cosas, tras aquel acto procesal dispuso una serie de medidas de prueba que solicitó la defensa del expresidente como parte de su estrategia.
En ese sentido, el juez recabó los testimonios del exministro de Defensa del macrismo Oscar Aguad; el exsecretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; y los exjefes de la Casa Militar José Yofre y de Custodia presidencial, Alejandro Cecati.
Para las querellas, las declaraciones de Cecati y Yofre fueron positivas en términos de la acusación porque habrían confirmado que la supuesta colaboración entre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y esas áreas por cuestiones de seguridad presidencial, invocada por la defensa del expresidente, no justificaría ninguno de los presuntos hechos de espionaje enumerados en el expediente.
Según pudo reconstruir Télam, esa colaboración estaba vinculada con la detección de posibles vías de escape para el presidente en el marco de sus actos y encuentros, con el señalamiento de eventuales cortes de ruta y con cuestiones vinculadas al clima, pero en ningún caso habilitaba a la AFI realizar tareas de inteligencia con personas con las que el mandatario se iba a reunir.
