Ruta del dinero K: procesaron a Lázaro Báez por lavado de dinero
El juez federal Sebastián Casanello procesó al detenido empresario K Lázaro Báez y a otra veintena de imputados por integrar una banda que lavó dinero entre los años 2010 y 2013. La medida incluye a los cuatro hijos de Báez, por ser los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas en Suiza por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares. Además, pidió evaluar la responsabilidad de Cristina Kirchner en el marco de la asociación ilícita de la cual se deriva su imputación, de modo tal que el equipo de fiscales que lleva adelante la investigación prepare una única acusación conglobada para afrontar el “mega juicio” contra los integrantes de la banda.
El magistrado mantuvo el encarcelamiento preventivo del empresario, del contador Daniel Pérez Gadín y del abogado Jorge Chueco, y trabó embargos de hasta diez mil quinientos millones de pesos a cada uno de los acusados. También ordenó embargos millonarios sobre el patrimonio de once personas jurídicas, entre las que se encuentra Austral Construcciones SA.
El juez tomó esta decisión tras un análisis integral sobre más de dos docenas de hechos de lavado de dinero que fueron denunciados por distintos actores a lo largo de la investigación
La resolución expone cómo durante los últimos meses del año 2010, Báez comenzó a gestar, a través de Leonardo Fariña, un esquema de lavado de activos que incluyó el envío al exterior sumas millonarias, a través de financieras como SGI, más conocida como “La Rosadita”. Según asegura Casanello en su fallo, esa plata se origina en el extendido esquema de corrupción K investigado por Julián Ercolini, tras la denuncia por asociación ilícita de Elisa Carrió contra Néstor y Cristina Kirchner, Julio de Vido y Lázaro Báez, entre otros, en 2008.
El juez desarrolla también más de una docena de maniobras de lavado de dinero que fueron llevadas a cabo en el mercado local, principalmente con ganancias derivadas de los fondos de Báez considerados “sucios” y que incluyeron la adquisición, entre otros muchos bienes inmuebles y muebles, de una estancia de cinco millones de dólares en la provincia de Mendoza y de dos automóviles de la marca italiana Ferrari. También se detallan las operaciones efectuadas por SGI Argentina durante la presidencia de Federico Elaskar. Todo ese cuadro se completa con un detallado análisis de la evolución patrimonial de cada uno de los imputados durante el periodo investigado.
