jueves, abril 25, 2024
Locales

Se entregó Víctor Hugo Iglesias, ex presidente de Huracán acusado de trata

Sucedió esta tarde ante el Juzgado Federal 2 y quedó detenido.

Víctor Hugo Iglesias era buscado desde hace 10 días cuando la Cámara Federal de Apelaciones local ordenó su captura, tras modificar un fallo de primera instancia que lo había procesado, sin prisión preventiva, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada, junto a otras personas, entre ellos, dos ex miembros de una fuerza de seguridad.

En la resolución, el tribunal agravó tanto la situación de Iglesias, como de otros tres hombres que fueron detenidos tras el fallo, Martín Vargas, Alberto García y Eduardo Gutt.

Iglesias, Vargas y García están acusados de ser autores del delito de trata de personas en concurso con el delito de promoción o facilitación de la permanencia ilegal de migrantes y la infracción a la ley de profilaxis.

Gutt, al igual que García ex miembro de la Prefectura, está procesado como partícipe necesario.

El fiscal federal Antonio Castaño había solicitado la captura nacional e internacional del ex presidente de Huracán, quien finalmente se presentó hoy en compañía de su abogado.

La causa se inició en 2014 y atravesó numerosos obstáculos como avisos a los sospechosos que frustraron varios procedimientos judiciales.

Finalmente, el 15 de abril del 2016 fueron allanadas la casa de Iglesias, la parrilla “El Gran Chaparral”, administrada por Vargas, el local nocturno de El Saladero denominado “Broadway”, manejado por García y el pub “La Esquina”, de Punta Alta.

En los locales nocturnos, los investigadores, que debieron recurrir a agentes de la Prefectura foráneos a la ciudad para avanzar, lograron rescatar a unas 25 mujeres, varias de ellas extranjeras, que ejercían la prostitución.

El testimonio de una de las víctimas, luego amenazada, fue una de las claves para avanzar con las pesquisas.

Según el fiscal Castaño, tras la feria judicial pedirá la elevación a juicio de la causa que podría culminar con penas de 8 a 12 años de prisión, para los inculpados.

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