Sobreseen a un exfuncionario de Scioli acusado por Vidal de haber colaborado en fuga de presos
Un exfuncionario del gobierno bonaerense de Daniel Scioli fue sobreseído en la causa por la denominada “triple fuga” del penal de General Alvear, ocurrida en diciembre de 2015, luego de que la justicia considerara que fue víctima de una operación para hacerlo responsable por esos hechos.
Se trata de César Albarracín, exsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia durante el Gobierno bonaerense de Daniel Scioli, acusado por la exgobernadora María Eugenia Vidal de haber incurrido en “conductas ilegales y/o delictivas” que facilitaron la fuga de los hermanos Cristian y Martín Lanatta y de Víctor Schillaci.
El fallo judicial al que tuvo acceso Télam determinó -tras una pericia caligráfica- que la jueza de Ejecución de Mercedes, Marcela Otermín, había modificado un oficio para involucrar al Gobierno de Scioli en los sucesos.
Por esa razón, Albarracín había sido acusado entonces de facilitar la fuga de los Lanatta y Schillaci, pese a que ya había cesado en el cargo el 10 de diciembre de 2015.
El juez de Garantías de Azul, Juan José Suárez, dictó el sobreseimiento de Albarracín, quien luego de la fuga no pudo desempeñarse como fiscal de casación (cargo por el que había concursado) porque Vidal dictó un decreto que le impidió jurar y asumir el puesto.
De acuerdo al fallo, nunca ocurrió el pedido de la jueza Otermín a la fiscalía solicitando dos medidas como resguardo de los detenidos: custodia armada en el pabellón –algo que está prohibido en los sectores de alojamiento de internos- y circuito de videovigilancia permanente.
El juez Suárez indicó que esa orden “no estaba contenida en el documento original” y que la magistrada adulteró documentos públicos “ocasionando de esta manera perjuicio, no solamente hacia la fe pública, sino además en el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense”.
Con el documento de la jueza Otermín, se cargaron responsabilidades en la exjefa del Servicio Penitenciario Bonaerense Florencia Piermarini, que había renunciado a su cargo antes de producirse la triple fuga, y en Albarracín, a punto de asumir como fiscal adjunto de Casación, además de haberse descabezado la cúpula penitenciaria.
En enero del 2016, Vidal impidió que Albarracín asumiera su nuevo cargo en la justicia con un decreto que estableció: “Se sucedieron un conjunto de circunstancias objetivas de público conocimiento que motivaron el inicio de actuaciones sumariales, en las que aparece involucrado Albarracín en presuntas conductas ilegales y/o delictivas”.
“Fue una causa totalmente armada con el conocido lawfare del macrismo. Con esta causa, el Gobierno de María Eugenia Vidal, en lugar de responder por la escandalosa fuga, atribuyó mediáticamente la responsabilidad a quienes ya no estaban en el cargo y los internos escaparon cuando la responsabilidad de gestión era de ella”, dijo Albarracín, en diálogo con Télam.
Además, remarcó que la gestión bonaerense de Cambiemos no sólo lo involucró “mediáticamente”, sino que también “dictó un decreto inconstitucional interfiriendo lo que era la jura como fiscal de casación”, cargo “al que iba a acceder y para el que estaba designado tras haber concursado”, reseñó.