Un juez federal apoyó a un grupo de abogados que marcharon en plena cuarentena

El pasado 4 de junio un centenar de abogados se reunieron en las escalinatas del Palacio de Tribunales con el fin de reclamar que su profesión se considere esencial y se optimice el sistema de teletrabajo. El caso llegó a manos del juez federal Julián Ercolini quien sobreseyó al grupo de profesionales ya que respetaron las medidas preventivas y lucharon por sus derechos laborales.

Infobae accedió al fallo del magistrado, donde justificó su accionar de la siguiente manera: “Su movilización fue en el marco del ejercicio de un derecho y para reclamar, ante las autoridades competentes a efecto, la posibilidad de poder ejercer otro trabajo y bajo la modalidad que justamente fue diseñada para garantizar la seguridad de los agentes del sistema; concretamente la labor a través de plataformas digitales desde sus hogares”.
A su vez, Ercolini destacó que durante la manifestación se cumplieron las normas de prevención en tiempos de pandemia tanto como el uso del barbijo como el distanciamiento social.

Quienes llevaron el caso a la justicia fueron las autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), lugar donde los manifestantes se dirigieron más tarde para hacer públicos sus reclamos. La denuncia penal apuntó contra el grupo de abogados tras no respetar la cuarentena y poner en riesgo la salud de las personas.

Tanto el juez federal como el fiscal que Gerardo Pollicita aseguraron que los denunciados no pusieron en riesgo a la salud pública e hicieron uso de su derecho a manifestarse.

En el fallo, el magistrado detalló: “He podido observar los distintos videos aportados por las partes que los manifestantes en todo momento cumplieron con las medidas de seguridad e higiene”. A su vez, apoyó su causa: “Creo que es importante valorar la razón por la cual los acusados convocaron y formaron parte de aquella manifestación, justamente para poder volver a cumplir con sus funcione laborales mediante la modalidad de teletrabajo”.

Además, el juez sostuvo que ningún elemento sostiene que alguno de los imputados tenía coronavirus en ese momento o incluso síntomas compatibles a dicha enfermedad. De esta manera, no se puede dar por sentada que había un riesgo jurídicamente desaprobado.

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