Reforma laboral: las pymes reclaman cambios y advierten por posibles conflictos
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), se pronunciaron sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y alertaron que algunas modificaciones en los convenios colectivos podrían generar mayor inestabilidad y conflictos en el ámbito laboral.
En una nota enviada al Senado, las entidades pidieron la supresión de los artículos 126 al 132 del proyecto, argumentando que su implementación podría contradecir el espíritu de la reforma y aumentar la incertidumbre tanto para empleadores como para trabajadores.
El comunicado sostiene que la modificación de la ley de negociación colectiva “desnaturaliza el convenio colectivo de trabajo como instrumento integral, rompe el equilibrio entre las partes, debilita la autonomía y la libertad de negociación, y genera inseguridad jurídica y conflictividad laboral”.
Además, remarcaron que la iniciativa es incompatible con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con convenios internacionales de la OIT, al introducir una regresión en derechos laborales consolidados.
Críticas a artículos específicos
– Artículo 128: veta los aportes obligatorios para asociaciones empresarias, pero mantiene los de los sindicatos. Las cámaras lo calificaron como una medida “desigual y discriminatoria”, que podría debilitar la representación patronal y desequilibrar las negociaciones colectivas.
– Artículos 130 y 131: priorizan convenios por empresa sobre los sectoriales. Según las entidades, esto fragmentaría el marco regulatorio, generando disparidades salariales y vulnerando el principio de “igual remuneración por igual tarea”.
– Artículo 132: otorga al Estado la facultad de suspender convenios colectivos por motivos amplios como “distorsiones económicas graves” o “interés general”. Las cámaras advirtieron que esta discrecionalidad introduce imprevisibilidad y dificulta la planificación de empresas y trabajadores.
El documento, firmado por el presidente de la CAME, Ricardo Diab, y la secretaria general, Beatriz Tourn, subraya que las recomendaciones buscan garantizar “estabilidad, certezas, previsibilidad y equidad”.
El oficialismo intentará aprobar la reforma durante las sesiones extraordinarias del 2 al 27 de febrero. Sin embargo, enfrenta un clima de desconfianza con los gobernadores, actores clave para asegurar los votos en el Senado.
Aunque el ministro del Interior, Diego Santilli, recogió señales de buena voluntad en sus recorridas por provincias aliadas, los mandatarios reclaman compromisos concretos en materia de fondos, obra pública y deudas previsionales antes de respaldar el proyecto.
El principal foco de tensión está en el capítulo tributario, especialmente en la reducción de la alícuota del impuesto a las sociedades, que los gobernadores advierten impactará directamente en la coparticipación federal.
Mientras la Casa Rosada, con el respaldo del ministro de Economía Luis Caputo, se resiste a introducir cambios impositivos y exige garantías previas de apoyo parlamentario, varios gobernadores condicionan su acompañamiento a modificaciones en el texto. En ese marco, el oficialismo apunta a lograr la media sanción el 11 de febrero, aunque reconoce que las negociaciones siguen abiertas y las tensiones políticas aún no se han resuelto.
