La Fiscalía española archivó la causa contra Julio Iglesias tras denuncias de abuso sexual
La Fiscalía de la Audiencia Nacional resolvió este lunes archivar la denuncia presentada contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y trata de personas. La causa se había iniciado a partir de la declaración de dos exempleadas del cantante, quienes aseguraron haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones mientras trabajaban para él en 2021.
El archivo se fundamentó en la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles”, dado que los hechos denunciados ocurrieron en República Dominicana y Bahamas. Además, se remarcó que Iglesias, de 82 años, “ni reside en España, ni mantiene en este país su centro de vida, intereses o actividad”, aunque posea propiedades inmobiliarias en territorio español.
El abogado del artista, José Antonio Choclán, había solicitado que se lo tuviera por personado en la investigación y reclamó el archivo de la causa por la falta de competencia de la justicia española. La defensa también pidió una copia de la denuncia, trámite que se concretó la semana pasada.
Aunque la investigación periodística de elDiario.es que destapó el caso se publicó el 12 de enero, la Fiscalía ya analizaba el expediente desde comienzos de mes.
Dos exempleadas, identificadas con nombres ficticios, dieron su testimonio:
Rebeca relató que era obligada a acudir a la habitación del cantante tras finalizar su trabajo, donde —según su declaración— sufría abusos sexuales y maltratos físicos y verbales. “Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”, expresó ante elDiario.es y Univision.
Laura contó que Iglesias la besó y le tocó los pechos sin consentimiento, tanto en la playa como en la piscina de la villa de Punta Cana. Describió al artista como “una persona muy controladora” que ejercía su poder “a través del miedo”, imponiendo límites sobre la alimentación, la vida privada y hasta revisando los teléfonos celulares del personal.
Ambas coincidieron en que las mansiones del cantante eran un entorno hostil. Rebeca las definió como “la casita del terror” y resumió su experiencia como “un drama, una cosa horrible”. Según documentos citados en la investigación, en la propiedad de Punta Cana llegaron a convivir hasta 16 trabajadores.
