Argentina registra el mayor aumento de mortalidad infantil desde 2002
La mortalidad infantil volvió a aumentar en Argentina durante 2024, encendiendo una seria señal de alarma en el plano sanitario y social. Según datos oficiales de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS), recopilados en un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria (FSS), la tasa pasó de 8 muertes cada 1.000 nacidos vivos en 2023 a 8,5 en 2024. Esto representa un incremento del 6,25%, el mayor registrado desde 2002.
El aumento se produjo en el primer año completo del gobierno de Javier Milei y quebró una tendencia descendente que, con altibajos, se había sostenido durante más de dos décadas. El informe subraya que la mortalidad infantil es uno de los indicadores más sólidos para evaluar las condiciones de vida y el impacto de las políticas públicas, reflejando tanto la calidad del sistema de salud como el grado de equidad social.
El incremento de 2024 no tiene antecedentes similares desde comienzos de los años 2000. Durante el período 2003-2015, la tasa se redujo un 42%, acercándose a niveles de países desarrollados. Esa tendencia se interrumpió en 2019 y, tras la pandemia, se mantuvo estable hasta el repunte actual.
El fenómeno no fue homogéneo: en 15 de las 24 jurisdicciones la mortalidad infantil aumentó, con cuatro provincias que superaron el 10% de incremento y otras cuatro que sobrepasaron el 20%. El alza se explica casi exclusivamente por la mortalidad neonatal (primeros 28 días de vida), que pasó de 5,5 en 2023 a 6 en 2024, mientras la posneonatal se mantuvo en 2,5.
El informe advierte sobre el deterioro de programas clave de salud perinatal en los últimos dos años: el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, la provisión de medicamentos críticos como surfactante pulmonar y gammaglobulina anti-RH, y la discontinuidad del Programa de Sueño Seguro. Estas decisiones generaron fragmentación, quiebres de stock e inequidades entre provincias.
La FSS concluye que el aumento de la mortalidad infantil no es un hecho aislado, sino una señal temprana de las consecuencias sanitarias del ajuste económico, la retracción del Estado y el debilitamiento de las políticas de cuidado. En un país marcado por profundas desigualdades, la reversión de este indicador anticipa un agravamiento de las brechas sociales y plantea la necesidad urgente de revisar las prioridades en materia sanitaria y social.
