La provincia de Buenos Aires suspende por 90 días el Plan MESA
El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires suspendió por 90 días el Programa “MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) Bonaerense”, con efectos a partir del 1° de mayo, en el marco de la “emergencia económica” y la necesidad de “reordenar el gasto social”.
La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 842/2026, firmada por el ministro Andrés Larroque y publicada hoy en el Boletín Oficial del distrito, y responde a un escenario de “profunda recesión” y caída de recursos provinciales, vinculado -según se detalla en los considerandos- “al incumplimiento, mora y detracción de transferencias del Estado nacional”.
El programa MESA había sido implementado como un refuerzo alimentario durante la pandemia de COVID-19 y consistía en la entrega mensual de módulos de alimentos a estudiantes en situación de vulnerabilidad de escuelas públicas. Con el tiempo, se mantuvo como un esquema complementario del Servicio Alimentario Escolar (SAE), aunque con carácter excepcional.
En ese contexto, desde la Provincia sostienen que la medida no implica la eliminación de la asistencia, sino una “reconfiguración de la política alimentaria”, orientada a concentrar los recursos en el SAE, considerado el eje central por su alcance diario y estructural en las escuelas.
La resolución también subraya que el Plan MESA “es financiado íntegramente con recursos provinciales, sin aportes de la Nación ni de otras fuentes, lo que -en el actual escenario- impone la necesidad de reasignar partidas para sostener el sistema alimentario escolar en su conjunto”.
Sin embargo, desde el Ministerio de Capital Humano rechazaron firmemente esa postura y aseguraron que “no tiene responsabilidad alguna en el desfinanciamiento que la Provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas provinciales”.
“El Gobierno nacional no mantiene deuda alguna con la Provincia de Buenos Aires”, se planteó desde el área y se rechazó “el intento de adjudicar a esta cartera ministerial responsabilidad por la propia decisión provincial de desfinanciar sus programas”.
