La Unión Europea avanza en el endurecimiento de su sistema migratorio
La Unión Europea avanzó este lunes en una reforma central de su sistema de migración, un proceso que lleva años de debate y que se aceleró ante el crecimiento de partidos de extrema derecha en distintos países del bloque.
La propuesta incluye deportaciones más rápidas, más capacidad de detención y nuevas reglas sobre qué países se consideran seguros para devolver migrantes.
Desde la crisis migratoria de hace una década, cuando Europa recibió un número récord de solicitantes de asilo, el panorama político cambió y las políticas del bloque se endurecieron. Aunque los pedidos de asilo disminuyeron, el tema volvió al centro del debate tras críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien cuestionó la estrategia migratoria europea.
Los ministros reunidos en Bruselas acordaron un mecanismo para rechazar solicitudes de asilo basadas en el concepto de “tercer país seguro” y en una lista común de países considerados seguros. Con este marco, quienes provengan de esos lugares podrán ser deportados de forma más expedita, según explicó el ministro danés Rasmus Stoklund.
Otro de los puntos aprobados fue la creación de un fondo de solidaridad destinado a distribuir los costos de la recepción de refugiados entre los 27 Estados miembro. El fondo busca recaudar 430 millones de euros y asistir a los países que enfrentan mayor presión migratoria, como Chipre, Grecia, Italia y España. La propuesta vuelve a exponer tensiones con Hungría y Polonia, que rechazan asumir compromisos de acogida o financiación.
El paquete de reformas será negociado ahora con el Parlamento Europeo, donde los partidos de derecha y extrema derecha expresaron su apoyo. Sin embargo, organizaciones humanitarias y sectores progresistas cuestionaron la iniciativa. Amnistía Internacional advirtió que las nuevas medidas replican políticas restrictivas aplicadas en otros países y podrían generar graves consecuencias para migrantes y comunidades receptoras.
El debate se da en paralelo a la implementación del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que prevé la creación de “centros de retorno” para personas con solicitudes rechazadas. Aunque la UE no gestionará directamente estos centros, habilitará acuerdos con países terceros para albergarlos, una estrategia que ya genera polémica por experiencias previas fallidas y por el impacto que podría tener en la protección de derechos humanos. (Con información de Reuters)
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