jueves, abril 25, 2024
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Oficialistas y opositores coinciden en que se escuchó a la gente al derogar la ley minera en Mendoza

 

Oficialistas y opositores coincidieron en que se escuchó el pedido de una gran parte de la sociedad mendocina tras la decisión del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, de pedir anoche la derogación de la ley 9.209 que permitía el uso de sustancias químicas como el cianuro para la explotación minera, y que modificaba la antigua ley 7.722.

La decisión del Suárez de enviar el próximo lunes a la Legislatura la derogación de la ley 9.209 fue bien recibido tanto por el oficialismo como por dirigentes de la oposición.

Daniel Orozco, intendente del oficialismo de Las Heras, destacó esta mañana “la decisión de Rodolfo (Suárez) porque escuchó muy bien al pueblo, y porque entendió que no había licencia social”.

Por su parte, el ministro de Economía, Enrique Vaquié, dijo que “esto fue una enseñanza para todos y para la gente también, que este es un gobierno que escucha a la sociedad”.

“Esta noticia va llevar paz a muchas familias que estaban preocupadas, sabemos que esta ley había generado mucha incertidumbre, la gente salió a la calle, el gobernador escuchó y nosotros, los intendentes del peronismo, trajimos ese reclamo de la asamblea del agua y gracias a dios el Gobernador escuchó y derogó la ley”, dijo el intendente justicialista de la ciudad de Maipú, Matías Stevanato.

Otros de los intendentes presentes en el anuncio fue la jefa comunal de Santa Rosa, Flor Destéfanis, quien fue elegida Reina de la Vendimia en 2010 y tuvo una fuerte participación en las redes sociales contra la ley.

“Celebramos este consenso político de escuchar el reclamo de las calles y derogar esta ley. Podemos terminar este año en paz”, destacó Destéfanis.

Suárez dijo anoche en conferencia de prensa que luego de escuchar a los intendentes tomó la decisión de enviar a la Legislatura la derogación de la ley 9.209 y agregó que “si bien esta ley es legal, evidentemente no tiene la legitimidad del pueblo”.

El jueves, el gobernador había anunciado que no iba a reglamentar la ley 9.209, que facilitaba la explotación minera en la provincia al modificar la 7.722, y que iba a iniciar un diálogo abierto para lograr el consenso social.

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