El Gobierno intervino el puerto de Ushuaia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos
Tras una serie de inspecciones, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) —dependiente del Ministerio de Economía— resolvió intervenir el puerto de Ushuaia por el plazo de un año.
La decisión se tomó luego de que representantes de las compañías navieras manifestaran su preocupación y de que los trabajadores denunciaran un presunto vaciamiento de las instalaciones.
Los relevamientos realizados por el organismo evidenciaron múltiples deficiencias en la infraestructura portuaria: ausencia de pilotes en sectores del muelle, defensas deterioradas y problemas en la carpeta asfáltica, entre otros.
“La Comisión de Inspección detectó un deterioro considerable en áreas estructurales del muelle comercial, especialmente en el Sitio 3”, se indicó en la resolución.
Además, se constató la falta de mantenimiento en los sistemas contra incendios, deficiencias en la señalización y problemas de iluminación, configurando un incumplimiento grave y sostenido de las condiciones necesarias para la habilitación del puerto.
Las inspecciones también revelaron irregularidades administrativas y financieras. Durante el operativo, no se hallaron registros de ingresos, egresos ni compras, ya que la gestión había sido tercerizada en una empresa habilitada para vender artículos como paraguas, termos y pelucas. Todos estos hallazgos fueron informados a la provincia de Tierra del Fuego.
De acuerdo con la normativa vigente, el presupuesto portuario debe destinarse exclusivamente a inversiones en el propio puerto. Sin embargo, se comprobó que el gobierno provincial utilizó un 33% de esos fondos para subsidios generales, dejando apenas un 1,3% para obras y mejoras en los servicios.
Ante este panorama, la Agencia concluyó: “Existen fundamentos suficientes para disponer la intervención administrativa inmediata en materia de infraestructura portuaria del Puerto de Ushuaia”.
La medida tendrá una duración inicial de 12 meses. Al finalizar ese período, se evaluará si las condiciones fueron regularizadas para levantar la disposición o si corresponde extenderla.
Durante la intervención, la Prefectura Naval Argentina asumirá las tareas operativas y de seguridad, mientras que las principales áreas de gestión continuarán bajo responsabilidad del personal fueguino, con la experiencia y capacidad técnica necesarias.
Se aclaró que la medida no implica traslado de empleados ni modificaciones en las relaciones laborales vigentes, sino la incorporación temporal de personal especializado para garantizar la prestación de los servicios portuarios.
