Liberan a empleado de la embajada argentina tras 13 meses detenido en El Helicoide
El chavismo dispuso la liberación de Marino Antonio Mendoza, empleado venezolano de la embajada argentina en Caracas, quien permaneció detenido durante 13 meses en El Helicoide, el mayor centro de reclusión del país. La noticia fue confirmada por la activista opositora Elisa Trotta a través de la red social X.
“Marino fue secuestrado en diciembre de 2024 y estuvo más de un año en cautiverio. Celebramos su libertad, aunque seguimos reclamando la liberación de todos los presos políticos de la dictadura chavista”, expresó Trotta, exrepresentante de Juan Guaidó en la Argentina.
Cabe recordar que el gobierno de Javier Milei había cerrado la embajada argentina en Venezuela en agosto de 2024, luego de que el régimen exigiera la salida de diplomáticos de siete países, acusándolos de “injerencia” en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
De acuerdo con la información difundida, Mendoza se desempeñaba como chofer oficial de la sede diplomática argentina. Su detención se produjo en diciembre de 2024 y desde entonces permanecía en El Helicoide, centro de inteligencia del Sebin, señalado por organismos internacionales como uno de los principales lugares de detención y tortura en Venezuela.
Tras el ataque estadounidense y la captura de Nicolás Maduro, el gobierno de Delcy Rodríguez liberó a alrededor de un centenar de presos políticos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que todavía hay más de 700 personas privadas de libertad por motivos políticos, entre ellas dos argentinos: el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.
En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó que en Venezuela continúan funcionando “centros de detención clandestinos”. La relatora especial para el país, Gloria Monique de Mees, señaló ante el Consejo Permanente de la OEA que la existencia de estas instalaciones refleja la gravedad estructural de las violaciones y la falta de supervisión institucional.
La CIDH, que no ha podido ingresar a Venezuela desde 2002, calificó la situación de derechos humanos como alarmante. Según sus registros, hasta el 19 de enero habían sido liberados 143 detenidos políticos.
“La Comisión insiste en la necesidad urgente de contar con información transparente y verificable sobre las condiciones en que se producen estas excarcelaciones”, concluyó la relatora.